Puesto que la correcta aplicación de la justicia distributiva nos impone dar a cada cual aquello que le corresponde, parece obligado distinguir al que roba con el deshonroso calificativo de ladrón.
El Senado se ha llenado, últimamente, de "okupas" que, llegados de todas las regiones españolas, convierten aquella institución política en una cueva de ladrones. Esos indecentes derrochadores de lo ajeno se gastarán, a lo largo del año próximo, 350.000 euros, contantes y sonantes, en concepto de traducciones. Esos individuos despreciables, en un tiempo de vacas flacas como el actual, consentirán que se pague tal cantidad a los traductores que viertan sus pobres decires -en catalán, vascuence o gallego- a la común lengua española que todos hablan. Esos discípulos aventajados de Caco derrocharán ese dinero, en un tiempo lamentable de quiebra económica que ve, con tristeza, la rebaja innecesaria de los sueldos de los funcionarios y la congelación inútil de las pensiones. Esos politiquejos de baja estofa, delincuentes, además, por su desprecio de la Constitución que los obliga a saber la lengua principal de España, de sobra conocida por todos ellos, pagarán, con pólvora del rey, unas traducciones -del español al catalán, verbi gratia- para trasladar a Cataluña el "giliporta" que es, en el idioma universal que habló don Miguel de Cervantes, un monumental "gilipuerta".
Propongo que miles de ciudadanos salgan a la calle, y griten, cada día, ¡al ladrón!, en las proximidades del Senado; porque siempre creeré en el pueblo que, ante la dejadez irresponsable de las autoridades, se toma la juticia por su cuenta, para sacar de sus madrigueras a los delincuentes, no con intención de proceder a su linchamiento, sino con el propósito de ponerlos en manos de la Justicia.
Barlovento Maciñeira
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